El Principado indemnizará con 3,5 millones de euros a vecinos de Gillón, Con los intereses acumulados casi cinco
Los ahora indemnizados exigían el pago de esta cuantía por los daños que sufrieron construcciones y viviendas de su propiedad, cercanas al pozo Coto Matiella, donde operaba la empresa Antracitas de Gillón. La Consejería de Economía asume el pago después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TJSA) de abril de 2013. Este fallo condenó subsidiariamente a la administración regional y a la empresa minera por los desperfectos que originó la actividad minera en las propiedades privadas.
El fallo indica que la empresa es la causante de los daños, al alterar su actividad la estabilidad del terreno. La sentencia también apunta que en este caso el funcionamiento del servicio público fue “anormal”. De hecho, señala que la empresa no puso los medios adecuados para evitar los daños en las viviendas y que la administración no hizo las oportunas medidas de vigilancia.
Traduciendo al román paladino ello viene a significar que entre todos los asturianos hemos de pagar con nuestros impuestos los desaguisados que armaron unos y otros. Y a ello agreguemos los intereses que ha provocado los de más allá con su desesperante lentitud ya que la denuncia se inició en el 2006, un año después de que la compañía minera abandonase la actividad. Varios de los vecinos demandaron a la empresa por daños en edificaciones, provocados por el hundimiento paulatino del suelo a causa de las extracciones. De aquella la representación de la empresa en el concejo ya ni siquiera existía y con lo de trámite va y trámite, viene, trámite vuelve y trámite va y vuelve simultáneamente, y falta un sello y sobra un cuño les dio tiempo hasta de desaparecer de la región.
En abril del 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias condenó solidariamente a la empresa y al Principado como responsable ‘in vigilando’, por ser quien concede la licencia de explotación y no haber puesto medios para su control e inspección. La compañía presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que, en diciembre, fue desestimado. Por su parte, el Principado publicó el pasado febrero en el BOPA la resolución por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el TSJA.
Según EFE , el gobierno regional “tiene tres meses para reunir el dinero y ejecutar la sentencia y que la fecha límite es el 23 de abril”. Teniendo en cuenta los intereses, a 31 de diciembre, la cifra total de las indemnizaciones ya alcanzaba los 4,7 millones. Pero el pleito sigue ya que ahora los vecinos reclaman indemnizaciones por los terrenos dañados por los trabajos directos y por las escombreras.
