SUROCCIDENTE.- El accidente de Cerredo frustró la venta de la explotación por 12 millones de euros
El accidente mortal del 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Degaña, no solo acabó con la vida de cinco trabajadores. Sino que también abortó una operación empresarial de 12 millones de euros que se encontraba a punto de cerrarse esa misma mañana en Madrid. Así lo revela Asturias Diario, que ha tenido acceso a la documentación y a los detalles de la frustrada venta.
El empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán estaba reunido con representantes de Auriga Global Investors, una sociedad inversora con sede en la capital, para firmar la venta de la mercantil Blue Solving SL, titular de los derechos de explotación de la mina de Cerredo. Según la citada publicación, el trato se había cerrado semanas antes durante una montería, por un valor total de 12 millones de euros, con un primer pago de 6 millones previsto para ese mismo día.
La operación incluía no solo la cesión de la explotación minera, sino también una “prueba industrial” autorizada por el Principado de Asturias que permitía extraer 60.000 toneladas de materias primas con alto contenido en carbono. Esta autorización estaba vinculada a un Proyecto de Investigación Complementario (PIC) que, según fuentes consultadas por Asturias Diario, bordeaba los límites legales y habría servido para blanquear actividades extractivas irregulares.
De haberse cerrado la venta, el empresario habría multiplicado por doce su inversión inicial
Además, el paquete de venta contemplaba las ayudas públicas del Instituto de Transición Justa, que ascendían a 1,5 millones de euros, y que aún no habían sido cobradas por las empresas del entorno familiar de Rodríguez Morán. También existía un compromiso informal del empresario para obtener una autorización de extracción a cielo abierto, una práctica prohibida en España y Europa para el carbón, salvo en casos excepcionales.
De haberse cerrado la venta, Jesús Manuel Rodríguez Morán habría multiplicado por doce su inversión inicial, ya que adquirió la mina por menos de un millón de euros. En los dos años previos a la tragedia, las únicas inversiones visibles fueron los pagos de 1,4 millones de euros en nóminas para catorce empleados, contratados a través de las sociedades Blue Solving y Combayl. Con ello, los costes totales no superarían los 2,4 millones de euros, frente al ingreso previsto de 12.
El movimiento empresarial parecía además pensado para solventar la delicada situación económica personal de Rodríguez Morán, quien arrastra una deuda de medio millón de euros con la Agencia Tributaria y un préstamo impagado de 2 millones de euros con una sociedad participada por Auriga Global Investors. Parte de este dinero habría sido destinado, según el mismo medio, a adquisiciones inmobiliarias en la provincia de León.
La inesperada explosión de grisú que acabó con la vida de cinco mineros, entre ellos trabajadores de confianza del empresario, no solo detuvo la firma, sino que también dejó al descubierto el entramado que rodeaba la explotación. Desde entonces, la operación ha quedado en suspenso y ha puesto el foco sobre la oscura gestión empresarial en las cuencas mineras en pleno proceso de transición energética.
