DEGAÑA.- Un pleno entre el dolor, la indignación y la rabia contenida
El último pleno municipal de Degaña (celebrado el pasado 31 de julio) estuvo marcado por la indignación y el dolor. Vecinos de la comarca, así como personas desplazadas desde Laciana y Torre del Bierzo, acudieron al Ayuntamiento tras conocerse públicamente que la mina de Cerredo, donde murieron cinco trabajadores en marzo, no contaba con la preceptiva licencia municipal.
El alcalde, Óscar Áncares (PSOE), reconoció en sesión plenaria que la empresa Blue Solving SL operaba sin el permiso administrativo necesario, generando una ola de críticas por parte de los familiares de las víctimas y de los grupos de la oposición.
Entre las intervenciones más contundentes estuvo la de Sofía Barrero, concejala de Izquierda Unida, quien lamentó la actitud del equipo de gobierno. “Acabó admitiendo que había tenido reuniones con Blue Solving y en ningún momento se ha puesto sobre la mesa ninguna licencia municipal”, denunció. Barrero insistió en que el Ayuntamiento tenía conocimiento de la actividad en la explotación y, sin embargo, “miraron para otro lado”.
La concejala explicó que su grupo municipal preguntó en tres ocasiones por las licencias: en octubre de 2024, febrero de 2025 y abril de 2025, sin recibir respuesta clara. “No han hecho su trabajo”, criticó con dureza. Además, exigió que las responsabilidades se asuman de forma escalonada: “En este accidente hay muchos responsables, pero se tiene que empezar a depurar responsabilidades desde arriba hacia abajo, porque el de más abajo es una licencia municipal que nunca hubo”.
El pleno se celebró entre gestos de rabia contenida, con varias familias que perdieron a sus seres queridos en el siniestro mostrando carteles con mensajes de exigencia de justicia. En su declaración final, Barrero subrayó: “Yo lo que espero es que se haga justicia y se tenga respeto”.
La tragedia ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando una explosión de gas grisú en el tercer nivel de la mina acabó con la vida de cinco trabajadores. Las investigaciones posteriores revelaron signos claros de explotación activa, pese a que Blue Solving únicamente contaba con permisos para tareas de investigación y limpieza de material residual.
Actualmente, tanto la Fiscalía como el Gobierno del Principado de Asturias mantienen abiertas varias vías de investigación. También se ha iniciado una auditoría interna en el Servicio de Minas para determinar si hubo negligencias en la supervisión de la actividad extractiva.
