NARCEA/DEGAÑA/TINEO. La Audiencia obliga al Gobierno a abonar a Uminsa y Coto Minero 50 millones de euros de ayudas correspondientes al ejercicio de 2012

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Según un comunicado emitido por la Agencia EFE, la Audiencia Nacional obliga al Gobierno a abonar a Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC) 50 millones de euros de ayudas correspondientes al ejercicio de 2012 que fueron denegadas con una resolución dictada por el Ministerio de Industria el 19 de febrero 2013. Una situación que llevó a la primera compañía minera del grupo Alonso al concurso de acreedores.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional procede a anular las resoluciones en contra del Instituto del Carbón y exige que dé traslado al Consejo de Ministros de la petición para que se proceda al abono de las cantidades correspondientes a la sociedad carbonera.

El Ministerio de Industria alegó en ambos casos que en el momento de solicitar las ayudas que ambas empresas no tenían al corriente los pagos a la Seguridad Social, si bien por parte del grupo Alonso pudieron demostrar finalmente que sí lo estaban en el momento en el que las subvenciones solicitadas fueron concedidas.

De esta forma, la Audiencia Nacional resuelve a favor de la compañía minera el recurso presentado en mayo de 2013 ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo contra la resolución denegatoria de las ayudas.

ALONSO RECHAZA FRAUDE EN EL SECTOR DEL CARBÓN, QUE CONSIDERA "DEMONIZADO"Los representantes del grupo empresarial acudieron a los juzgados con el fin de que fuera la Justicia la que decidiera finalmente sobre la legalidad del bloqueo de las ayudas, concretamente para aclarar si se ajustaba a derecho la resolución del Instituto del Carbón por la que se resolvía la convocatoria de ayudas previstas en la Resolución de 19 de septiembre de 2012. Un acuerdo que denegaba las ayudas solicitadas por Coto Minero Cantábrico por 19.817.161 euros y por Unión Minera del Norte por importe de 29.332.620 euros después de que la Tesorería General de la Seguridad Social emitiese con fecha de 19 de febrero de 2013 certificaciones negativas indicando que ambas empresas no estaban al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

A este respecto, Comisiones Obreras pedirá responsabilidades políticas al Gobierno, ya que, según el responsable de minería, José Luis Villares, la decisión de no aprobar las ayudas se hizo “con conocimiento de que era ilegal”.

Por su parte, el secretario general del sindicato SOMA-Fitag-UGT de Asturias, José Luis Alperi, instó al Gobierno Central a “que pague lo más pronto posible las ayudas a UMINSA”. Esperemos, dijo,  que lo hagan lo más pronto posible, que cumplan la sentencia y paguen lo que tengan que pagar”, Para el sindicalista, “este dinero viene a dar un respiro a la empresa, pero siempre y cuando se pague mientras pueda hacer uso de el, porque estamos a 11 de septiembre y todavía no se han pagado las ayudas de 2015, por lo tanto, si se va a tardar en ejecutar la sentencia, no va a tener la misma utilidad”

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