Condenan a la Administración por la muerte de un perro por el ataque de un lobo
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha reconocido, por primera vez,la responsabilidad de la administración pública en la muerte de un perro de caza causada por el ataque de un lobo. La resolución, firme y sin posibilidad de recurso, obliga a la Junta de Castilla y León a indemnizar con 7.000 euros, más los intereses legales, al propietario del animal. Además, deberá abonar 600 euros en concepto de costas.
Esta sentencia viene a ser un nuevo punto de inflexión en el ámbito de la cinegética. Se cre que el sector experimentará cambios esta sentencia pionera en el país.
Este fallo, considerado histórico, abre la puerta a nuevas reclamaciones contra la administración por daños provocados por la fauna salvaje. «Los ataques de lobos a perros de caza, tanto en León como en Asturias, se han incrementado de manera alarmante, configurando un escenario en el que la Administración es responsable de los daños ocasionados. En consecuencia, debe resarcir a los propietarios de los animales afectados conforme a la normativa vigente en materia de responsabilidad patrimonial», explica el abogado Jorge Carro, responsable del procedimiento.
Los hechos juzgados se remontan a febrero del año pasado. La mañana del sábado 3, un sabueso español participaba en una cacería en el municipio leonés de Riello, cuando desapareció junto a otros perros tras iniciar la persecución de una pieza de caza. En un momento dado, el can fue sorprendido por un lobo. El ataque tuvo lugar en un área «montañosa y con escasa cobertura», lo que dificultó la localización del animal debido, además, a la «pérdida de la señal del GPS». Una vez hallado el cadáver, el propietario dio aviso a los agentes medioambientales, aunque, según sostiene el letrado, «no se adoptó ningún tipo de medida».
Tras presentar una denuncia por silencio administrativo de la Consejería de Medio Ambiente, el caso terminó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León. La magistrada del mismo ha determinado que la muerte del perro de caza fue causada por los ataques de un lobo.
El juzgado dio por acreditado que el daño fue causado por fauna silvestre y determina que la Junta de Castilla y León está obligada a compensar al propietario del animal fallecido con 7.000 euros, más los intereses legales, además de pagar 600 euros en concepto de costas.
Esta sentencia, en palabras del abogado Jorge Carro, que ejerce también en Asturias, constituye «un pronunciamiento pionero en materia de responsabilidad administrativa, al condenar por primera vez a una Administración Pública a indemnizar al propietario de un perro de caza por la muerte del animal tras un ataque de lobo». «Este fallo representa un hito significativo, al reafirmar la obligación de la Administración de garantizar la protección de los bienes de los particulares frente a los riesgos derivados de la presencia de especies protegidas, como es el caso del lobo», asegura el letrado.
