SUROCCIDENTE.- Familiares y heridos en el accidente de Cerredo sopesan demandar judicialmente al Principado
Los representantes jurídicos de familiares y heridos en el grave accidente minero que se produjo en la mina de Cerredo el pasado 31 de marzo, y en el que fallecieron cinco trabajadores cuando la empresa Blue Solvin extraía carbón ilegalmente, sopesan reclamar judicialmente al Principado por responsabilidad patrimonial en el suceso. Según diversas informaciones recogidas por los medios, los abogados están analizando toda la documentación trasladada hasta ahora por el Juzgado de Cangas del Narcea, después de que la jueza titular levantase el secreto de las actuaciones. Una de las principales razones por las que los damnificados se plantean incorporar al Principado al proceso está en las posibles trabas que existan a la hora de conseguir indemnizaciones para los heridos y familiares de los fallecidos.
Los heridos creen que la cuantía de 1.150.000 euros resultará insuficiente para las indemnizaciones
Aunque el Juzgado ha pedido el embargo de cuentas y bienes de los cuatro investigados por el siniestro (el empresario Jesús Rodríguez Morán, su mujer, su hijo y el ingeniero de la explotación de Cerredo), los heridos creen que la cuantía de 1.150.000 euros resultará insuficiente. Además, temen que la empresa titular de la explotación, Blue Solving, no cuente con los seguros adecuados, ya que solo tenía permiso para labores de achatarramiento y no para la extracción de carbón, que se llevaba a cabo de forma ilegal.
Fuentes próximas al empresario Rodríguez Morán reconocen que algunos de los bienes que aparecen en la relación de propiedades de los encausados ya han sido vendidos o están sujetos a embargos en otros procedimientos judiciales en los que el carbonero leonés está inmerso. Así las cosas, las fuentes jurídicas consultadas por los periodistas no descartan que, en el transcurso de la instrucción, se pida la toma de declaración de responsables de la administración autonómica, «incluidos consejeros y exconsejeros», para evaluar si el Principado incurrió en falta de celo para detectar una actividad irregular que se desarrollaba sin permiso en un bien de «dominio público», como son los yacimientos naturales, sobre los que la administración únicamente efectúa una concesión.
