De de no tomarse medidas sobre el lobo serían “insostenibles” determinadas actividades ganaderas.
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a exposición pública el decreto que modificará el II Plan de Gestión del Lobo para adaptarlo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que autorizó la caza de ejemplares cuando fuese la única solución para evitar daños al ganado.
En la sentencia dictada el pasado mes de febrero, el Supremo solo autoriza la caza de lobos “cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado” y apunta que las medidas de gestión que incluyan la muerte de ejemplares “deben someterse a unas rigurosas condiciones”.
El consejero de Medio Rural del Principado, el tinetense Marcelino Marcos, ya avanzó la semana pasada que el nuevo decreto incorporaría en su nueva redacción los criterios fijados por el Supremo sobre cómo se deben realizar los controles poblacionales y quiénes deben hacerlo para dar soporte jurídico al plan de gestión de la especie.
Medio Rural ha detectado “un incremento importante” del número de manadas
De esta forma, una vez que se conozca la situación de la especie en Asturiasal disponer de los datos de 2025, que serán remitidos al comité consultivo del lobo, y al disponer ya del soporte jurídico que proporcionará el nuevo decreto, el Principado elaborará un nuevo programa de control de la población para el periodo 2026-2027.
El Gobierno asturiano, que prevé tener aprobado antes de que finalice el semestre el decreto que dará cobertura jurídica a nuevas batidas para cazar lobos, ha detectado “un incremento importante” del número de manadas, de forma que, de no tomarse medidas, haría “insostenibles” determinadas actividades ganaderas.
Así lo apuntó hace unos días el consejero después de que Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) estimara parcialmente una demanda contra el programa anual de control del lobo 2025-2026 en Asturias, cuya ejecución ya se había frenado para cumplir una resolución previa del Supremo cuando ya se habían abatido 31 de los 51 ejemplares previstos.
El nuevo decreto
El decreto que ha salido a exposición pública prevé la elaboración de planes anuales con los cupos de extracción estimados a partir del análisis de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de los daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres.
Establece que el método básico general de control será la realización de aguardos o recechos realizados por la guardería de la administración o personal especializado, si bien como apoyo para alcanzar los cupos asignados a cada zona de gestión, en las reservas regionales de caza se podrán abatir ejemplares de lobo en las cacerías legalmente autorizadas de otras especies.
En circunstancias excepcionales y elevado número de daños, podrá ser autorizado el uso de armas a la Guardería de los cotos regionales de caza para actuar conjuntamente con la Guardería de Medio Natural, y en condiciones críticas de mayor gravedad, sin resultados positivos por los métodos anteriores y previa justificación de su conveniencia, podrá ser autorizada, además, la participación de cazadores en estos controles.
Además, con carácter más limitado, cuando las circunstancias o las razones de eficacia así lo aconsejen, y preferentemente en las zonas de presencia no permanente de la especie, podrán autorizarse batidas.
Igualmente, se contempla la posibilidad de uso de procedimientos de captura en vivo y retirada de camadas, de acuerdo con la legislación vigente, en áreas donde ello no dé lugar a conflictos con la conservación de otras especies.
Críticas de los ecologistas
Desde Fondo Lobo Ibérico, su portavoz, Ernesto Díaz, ha calificado de “corta y pega” el nuevo plan, y denuncia que se trata de “más de lo mismo”, por lo que presentarán alegaciones a un proyecto que consideran, “supondrá volver a las batidas como principal herramienta de gestión, y no último recurso”.
En opinión de Díaz el consejero solo busca ganar tiempo hasta las elecciones de 2027, y mientras tanto retomar las batidas de lobos para buscar el voto anti-lobo. “La única forma de frenar esto es que el TSJA se decida a imponer medidas cautelares cuando recurramos” opina Díaz.
También la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies ha criticado que el consejero siga intentando “saltarse la ley y continuar con las matanzas indiscriminadas de lobos en Asturias”.
En un comunicado, la organización conservacionista ha remarcado que el Supremo expone que la autorización de la muerte del lobo “solo es posible cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado”, de modo que cualquier actuación “debe ir precedida de un examen de las medidas alternativas que razonablemente pueden adoptar las explotaciones
