El jueves, 13, se iniciaba en Cangas del Narcea un juicio contra el Banco Popular

Nueve familias del concejo se consideran estafadas por la entidad que les vendió “permutas financieras en lugar de seguros”

Hay al menos otras 30 afectadas en Cangas y muchas otras distribuidas por el país de ahí la importancia de la sentencia

A la diez de la mañana del jueves, 13 de enero, se iniciaba en el Juzgado de Primera Instancia de Cangas del Narcea, regido por Julio Martínez Zahonero, juicio contra el Banco Popular de la villa promovido por nueve vecinos del concejo a los que la entidad vendió el producto financiero denominado SWAP como seguro frente a la subida de los tipos de interés de las hipotecas sin explicarles, al decir de los demandantes, que si el Euribor bajaba serían ellos los que tendrían que pagar al banco, pagos que en algunos casos han superado los 3.000 euros anuales Los clientes argumentan que se abusó de su confianza, que no se les dijo la verdad y que se les vendió un producto complejo sin ofrecerles toda la información.
Según el abogado de los afectados, Marcelino Tamargo, el juicio es considerado como “muy importante” por cuanto hay muchos afectados por este tipo de casos en el país y porque “pondrá de manifiesto que ni el Banco de España ni la Comisión Nacional de Valores tienen control sobre estos productos ni pintan nada al respecto, no tienen capacidad alguna para actuar”.
En el caso cangués los afectados por el caso de los SWAP sean unas 30 personas de ahí la importancia de la sentencia.
Juan Barthe, del despacho de abogados madrileño De la Roza y Hermosilla, contratado por la entidad bancaria, señalaba que “esencialmente” el juez tendrá que dilucidar si “ha habido o no error que haya viciado el consentimiento de los clientes”. En su criterio “ha habido un error de los actores que creyeron contratar un seguro en lugar de una permuta financiera”. Considera que “con la información que se les dio y la que figura en el contrato no hay causa para entender jurídicamente ha habido vicio de error”. No llamarán a declarar a los afectados por cuanto consideran que “ya se ha expresado en su escrito de demanda, aunque el juez puede llamarlos”. Por su parte Tamargo asegura que “no ha habido transparencia alguna y prueba de ello es que nos han denegado documentos”, aunque reconoce que “quizás hubo desconocimiento de los propios comerciales que vendieron el producto”.


Por su parte Reyes García, portavoz de los afectados, señalaba que se encontraban “muy nerviosos y preocupados dada la importancia que la sentencia puede tener para una serie de familias trabajadoras con sueldos bajos y metidas en hipotecas”. Contó que ayer mismo uno de los afectados acaba de recibir una reclamación del banco por un total de 15.000 euros
Reyes expresaba el enfado de los afectados que amén de sentirse estafados ven con estupefacción como el banco no escatima gastos para este juicio cuando “con la mitad del dinero que se van gastar podían haber llegado a un acuerdo; incluso creemos que se lo han tomado como un asunto personal contra nosotros”.
La sentencia podrá producirse como muy pronto dentro de un mes, dependiendo del volumen de trabajo del juzgado

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