Cangas del Narcea. Carlos Guerrero califica de “infamia” las informaciones publicadas hoy en prensa sobre su implicación en la “Operación Manga”

Guerrero en la rueda de prensa

Guerrero en la rueda de prensa

Carlos Guerrero, asesor del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en rueda de prensa, ha calificado de “absoluta infamia” las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en las que se le relaciona con la “operación Manga” y ha anunciado que solicitará comparecer voluntariamente ante la jueza instructora del caso con el objetivo de defender su inocencia.

Carlos Guerrero asegura que la información publicada por los medios de comunicación, más concretamente por La Nueva España, tiene la intención de “verter sobre mi persona sospechas absolutamente falsas e infundadas y presentar unos datos manipulados para forzar así una intervención mía en los hechos denunciados por tener relación de amistad con el compañero del Partido Popular, el señor Joaquín Fernández”.

El asesor de alcaldía mostró su total extrañeza con respecto a que se conociesen públicamente “datos de un proceso que se encuentra bajo secreto” y denuncia la “manipulación a que se somete una información falsa efectuando un daño sobre mi persona y buscando tan solo un efecto mediático  sin más ya que ni siquiera estoy imputado”. A tal efecto anunció que estudiará la interposición de una demanda por un “posible delito penal por falsedad y daños sobre mi persona”

El asesor del equipo de gobierno local, apoyado con informes elaborados por los técnicos de contratación y el secretario municipal, negó la existencia, dentro del Ayuntamiento, de trámite o expediente alguno referido a la adjudicación por concurso de un servicio de gestión de tráfico y multas. En la propia documentación, que será remitida a la Jueza instructora del caso de forma inmediata, se acredita que en la actualidad no se ha recibido ninguna orden para iniciar ningún trámite de contratación relacionado con el servicio de gestión de tráfico y multas. Por lo tanto, Carlos Guerrero afirma con rotundidad que “es imposible que se haya intentado manipular externamente algo que no existe”.

 Guerrero explicó también que desde el Ayuntamiento sí se solicitó información con carácter previo para realizar un estudio sobre la posible implantación de un “servicio de control de infracciones en accesos prohibidos en Cangas del Narcea. El objetivo era solicitar presupuestos para recabar datos de mercado y poder comprobar los costes de dicho servicio a fin de poder estudiar la solución más económica y la posibilidad o no de poder asumir su coste”, aseguró. Ante esta petición contestaron dos empresas, Vialine y Telven, que hicieron llegar al consistorio sus propuestas y presupuestos.

Pero según apunta Guerrero los presupuestos presentados eran “inasumibles económicamente”. En ese momento, se decide contactar con Joaquín Fernández, gestor de una consultoría empresarial, con el objetivo de que pudiera facilitar información al Ayuntamiento sobre otras empresas para contrastar precios y costes económicos. “Esto se trataba de un estudio previo para comprobar que los precios pudieran ser asumibles para el Ayuntamiento, en ningún momento existía una consignación presupuestaria aprobada ni decisión adoptada por los órganos competentes de iniciar un expediente de adjudicación”, aclara Guerrero que además apunta que a esta petición “nunca recibimos respuesta alguna por parte de Joaquín Fernández”.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se asegura que en ningún momento se ha recibido ningún informe ni presupuesto por parte de la empresa catalana mencionada en los medios de comunicación y vinculada a la trama. Así como, se niega cualquier tipo de contacto profesional o personal con el empresario Alexander Ros.

En cuanto al procedimiento de contratación que se llevaría a cabo en caso de decidir por los órganos competentes proceder a la licitación del servicio, tal y como ya ha hecho en otras ocasiones en el Ayuntamiento, se trataría de un procedimiento negociado abierto con o sin publicidad según la cuantía, en el que según explica Carlos Guerrero “las empresas concurren con sus propuestas a sobre cerrado y se les invita a participar en una especie de subasta”. La subasta consiste en reunir a todas las empresas interesadas para presentarles de forma simultánea cada una de las propuestas recibidas y darles la oportunidad de mejorar la oferta y adjudicarla a la que ofrezca menos precio. “De este modo, se elimina cualquier posibilidad de adjudicación ya predeterminada”, puntualiza Guerrero.

Carlos Guerrero ha confesado sentirse víctima de una “psicosis colectiva en la que se ven fantasmas donde no los hay” y que está provocando campañas mediáticas de “acoso y derribo dirigidas, en este caso, a un gobierno del Partido Popular”. Por esta razón, Guerrero ha anunciado que ha encargado a su abogado el estudio de las noticias publicadas con el objetivo de comprobar si pudieran concurrir en ilícito penal “al lesionar mi honor de forma injusta” y denunciarlo así ante los órganos judiciales en exigencia de las oportunas responsabilidades.

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