SUROCCIDENTE.- IU plantea que el Ayuntamiento de Degaña y su alcalde deberían incluirse entre las administraciones con responsabilidad política e institucional
El grupo parlamentario de IU-Convocatoria por Asturies ha registrado un voto particular concurrente al dictamen elaborado por la comisión de investigación del accidente en la mina de Cerredo, en el que murieron en marzo de 2025 cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos graves.
IU-Convocatoria plantea que el Ayuntamiento de Degaña debería incluirse entre las administraciones con responsabilidad política e institucional en los hechos investigados. También considera que el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, debería figurar entre los cargos públicos a los que alcanza esa responsabilidad política, en los términos de omisión institucional y de insuficiente ejercicio de las competencias municipales. Según han informado fuentes del grupo parlamentario este voto particular no supone que IU-Convocatoria deje de apoyar el resto del dictamen, que apoya expresamente.
No obstante, también plantea incorporar la expresa constatación de que las conclusiones del dictamen presentan coincidencias esenciales con el informe de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias, y la manifestación de que habría resultado institucionalmente conveniente la solicitud previa de informe jurídico a los letrados de la Cámara, a fin de reforzar la seguridad jurídica del dictamen.
El dictamen que impulsa la comisión parlamentaria concluye que el accidente fue el resultado de una «cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una actividad de extracción clandestina». Según los informes técnicos aportados a la comisión, la explotación que operaba Blue Solving extraía carbón sin autorización, sin sistema de ventilación adecuado y con condiciones de seguridad que permitieron la acumulación de metano.
Desde el punto de vista político, el dictamen señala responsabilidades en varios niveles de la administración autonómica: apunta directamente a tres exconsejeros y un exviceconsejero de Industria del Principado, así como a tres altos funcionarios del Servicio de Minas y del área jurídica, a quienes atribuye fallos graves en la vigilancia, tramitación y control de la actividad minera en Cerredo.
