SUROCCIDENTE.- “La Administración está bloqueando los trámites necesarios para retomar la actividad en la mina de Vega de Rengos”,
Los alcaldes de los municipios mineros se reúneme con Barbón
La presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, pedía ayer, jueves, «agilidad administrativa» para la reapertura de la mina de TYC Narcea, de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.
Antes de participar, junto a los alcaldes asturianos integrantes de la entidad, en una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, Álvarez declaraba que la administración está «bloqueando los trámites necesarios» para retomar la actividad en la mina de Vega de Rengos, paralizada desde el pasado 21 de noviembre tras un accidente mortal en el que fallecieron dos trabajadores.
«Setenta familias llevan meses sin trabajo tras la paralización de la explotación», ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, Álvarez, quien lo ha calificado como un problema «puramente administrativo» con consecuencias para la comarca.
La presidenta de ACOM ha afirmado, por otro lado, que los alcaldes están «bastante preocupados por saber a dónde se están destinando todos los fondos de transición» tras advertir de que el dinero «acaba destinándose a otras zonas de costa».
En este sentido, la regidora ha exigido «el compromiso y la justicia» con las comarcas mineras y ha pedido que «esos fondos vayan destinados a las zonas mineras» y no a otros territorios ajenos a la transición energética que afecta directamente a estos municipios.
“Los fondos de transición acaba destinándose a otras zonas de costa».
La situación en esta empresa minera ha derivado en una acampada de los trabajadores de TYC Narcea en el Paseo de los Álamos de Oviedo, que este jueves afrontan su cuarto día con los ánimos, según el portavoz, Carlos Menéndez, «muy altos».
A partir de la semana que viene, 56 de los 68 trabajadores quedarán afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), mientras otros 12 permanecen en la mina realizando labores de mantenimiento, debido a la paralización de la explotación a raíz del accidente mortal.
Reunión con Barbón
El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido con los alcaldes de las comarcas mineras a estudiar si legalmente es factible sacar a información pública el proyecto de explotación de la mina de Tyc Narcea sin necesidad de esperar a que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) se pronuncie sobre si la empresa debe o no devolver ayudas.
Esta medida venía siendo reclamada desde hace meses por parte de los trabajadores, que continúan acampados en Oviedo como medida de protesta por el cierre de la explotación. Su planteamiento es claro: poder avanzar en la tramitación autonómica para, una vez se conozcan los términos establecidos por el ITJ, tener gran parte del trabajo hecho y que no se extiendan mucho más los plazos.
Los alcaldes que conforman la Asociación de las Comarcas Mineras (ACOM) reclamaron a Barbón en la reunión “agilidad administrativa” para recuperar la actividad de la mina de Vega de Rengos, a la vez que mostraron su preocupación por el futuro de la actividad minera en el suroccidente.
En unas declaraciones a los medios, momentos antes de participar en la reunión, la alcaldesa de Ibias y presidenta de ACOM, Gemma Álvarez, recordó que hace un mes se produjo una marcha hasta Oviedo protagonizada por los trabajadores de Mina Miura, que reclamaban el cobro de sus nóminas aplazadas, y ahora hay un grupo de mineros de TYC Narcea acampados en el Paseo de los Álamos de Oviedo por un «tema puramente administrativo».
Con este escenario sobre la mesa, la presidenta de ACOM exigió al Principado que «dejen de bloquear» la actividad de TYC Narcea, ya que es una de las «mayores empresas» de la comarca y de ella dependen 70 familias, con previsión de «duplicar» la plantilla.
El representante de los mineros, Carlos Menéndez, recordó que uno de los puntos que deben cumplirse para que levanten la acampada en Oviedo es, precisamente, que el Principado saque a información pública el proyecto de explotación. El segundo es que el ITJ mande a la empresa la documentación que la Abogacía del Estado ha preparado para establecer si finalmente tendrán que devolver o no las ayudas recibidas por la anterior propiedad de la explotación para su cierre.
