CANGAS EL NAREA.- Tyc Narcea debe devolver 31,2 millones de las ayudas recibidas en su día por el cierre
La empresa señala que la unidad de producción que recibió las ayudas al cierre», fue la firma Carbonar
La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que, según informan trabajadores, fija en 31,2 millones de euros la cuantía máxima que la empresa Tyc Narcea tendría que devolver por las ayudas percibidas por la anterior titular de la concesión de la mina de Vega de Rengos en el marco del plan de cierre de la minería del carbón. El Instituto para la Transición Justa (ITJ) comunicó a la empresa que iniciaba el procedimiento administrativo, concediéndole quince días para presentar las correspondientes alegaciones.
La compañía sostiene que «las actuaciones actualmente en marcha no se corresponden con la misma unidad de producción que recibió en su día las ayudas al cierre», concedidas a la firma Carbonar. En este sentido, defiende que se trata de un «proyecto diferenciado tanto desde el punto de vista técnico como desde el jurídico».
Por este motivo, la empresa trabajará durante el plazo de alegaciones, fijado en 15 días hábiles, para elaborar un conjunto de argumentos técnicos y jurídicos con los que pretende acreditar su posición ante la Administración. Su objetivo es presentar «una respuesta sólida, fundamentada y dentro de los plazos establecidos».
Tyc Narcea asegura que abordará el procedimiento «con la máxima celeridad». Los trabajadores iniciaron hace unos días una acampada en el centro de Oviedo para exigir tanto al ITJ como al Principado que agilicen todas las tramitaciones pendientes para recuperar la actividad, paralizada desde que el pasado noviembre se produjera un accidente mortal.
La empresa reitera, además, su disposición a colaborar con la Administración y su compromiso con el cumplimiento del marco legal vigente, así como con el desarrollo de proyectos industriales sostenibles en el ámbito de la transición energética.
Por su parte, el Gobierno del Principado inició la tramitación del proyecto de explotación de la mina de Vega de Rengos, gestionada por TYC Narcea, mientras el Instituto de Transición Justa determina las condiciones para la eventual reapertura del yacimiento y, en su caso, las posibles ayudas que la empresa tendría que devolver. Así lo explicó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que destacó la complejidad jurídica y administrativa del expediente.
«Estamos en contacto con los trabajadores de TYC Narcea y también con la empresa», señaló Sánchez, que enmarcó las reivindicaciones de la plantilla en el ejercicio de «un derecho» para exigir a las administraciones «agilidad y eficacia». El consejero insistió en que el contexto del proceso «es jurídicamente muy complicado» y recordó que la empresa trasladó hace tres meses al Instituto de Transición Justa la situación jurídica de la explotación.
Sánchez explicó que el Principado decidió avanzar en la parte autonómica del procedimiento sin esperar a que el Instituto de Transición Justa fije su posición definitiva. «Mientras el Instituto de Transición Justa establece cuáles tienen que ser, en su caso, las posibles ayudas que tenga que devolver la empresa para reiniciar esa actividad, nosotros hemos iniciado ya la tramitación del proyecto de explotación», indicó.
El Principado analiza también si puede aprobar el proyecto de explotación de forma condicionada a las exigencias que establezca el Instituto de Transición Justa. «Lo que estamos analizando jurídicamente es ver si incluso podemos aprobar el proyecto de explotación condicionado a las exigencias que ponga el Instituto», afirmó Sánchez, que aseguró que las conclusiones estarán disponibles «en unas semanas».
Sánchez trasladó a los trabajadores de la mina, acampados en Oviedo desde hace días, que el Gobierno asturiano es consciente de la relevancia del proyecto para la actividad económica del suroccidente. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano», sostuvo. El objetivo, añadió, es que cuando el Instituto de Transición Justa determine las condiciones para reabrir el yacimiento, el proyecto de explotación esté «lo más avanzado posible» e, idealmente, ya condicionado a esa resolución.
El consejero subrayó, no obstante, la dificultad del expediente. «El procedimiento es muy complejo. Es de los procedimientos más complejos que he visto como consejero, y ya van para siete años», concluyó.
