EL SUROCCIDENTE muestra su solidaridad minera
Los ayuntamientos y APESA emiten comunicados de apoyo
Los Ayuntamientos de Cangas del Narcea, Tineo, Ibias, Allande y Degaña han emitido un comunicado conjunto de apoyo a los trabajadores de la empresa Tyc Narcea, ubicada en Vega de Rengos en Cangas del Narcea. La plantilla permanece acampada en Oviedo desde el pasado 16 de junio para reclamar agilidad en los trámites administrativos que mantienen paralizada la actividad en la explotación minera desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjo el trágico accidente minero que causó la muerte de dos trabajadores.
De esta forma los Ayuntamientos muestran su apoyo institucional a la firma, un apoyo «explícito de acompañamiento a las demandas de agilidad de los trámites administrativos que, Gobierno de Asturias e Instituto de Transición Justa, no están realizando y que afecta de manera muy negativa a los intereses de todo nuestro territorio».
«No es razonable, ni entendible que desde mayo de 2025 no se haya aprobado y publicado el expediente de explotación minera que ha solicitado la empresa Tyc Narcea y que posibilitaría inversiones millonarias y la creación de más de doscientos puestos de trabajo directos en todo nuestro territorio», subraya el comunicado. El texto concluye trasladando la «solidaridad y apoyo» de los municipios del Suroccidente a los mineros de las explotaciones de Ibias y Tineo «por lo que les está afectando la situación de las empresas de ambos concejos».
Por otro lado, la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa) también ha emitido un comunicado para apoyar a Tyc Narcea «en esta etapa decisiva para el futuro de su proyecto minero y para el desarrollo económico de nuestra comarca». La asociación reclama, al igual que los Ayuntamientos, que se «impuse con la máxima diligencia la evaluación y resolución de los expedientes pendientes, garantizando una tramitación ágil, transparente y ajustada a derecho».
El colectivo reconoce «el esfuerzo» realizado por la compañía para mantener su actividad y «cumplir con las exigencias técnicas, medioambientales y administrativas requeridas por la normativa vigente». En este sentido, dejan claro que entienden y respetan la obligación de la Administración de garantizar el cumplimiento de la legalidad, pero «consideramos imprescindible que los procedimientos administrativos se resuelvan dentro de plazos razonables, aportando seguridad jurídica tanto a las empresas como a los trabajadores y al conjunto del tejido económico local».
