SUROCCIDENTE.- Terminadadas las restauraciones mineras de la zona con polémica
Tras la pandemia, la UE aprobó los fondos Next Generation para reactivar y transformar la economía. Una de las partidas más cuantiosas que llegaron son los 73,7 millones que, en 2021 y como subvención directa, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) cedió al Principado. El dinero debía financiar el grueso de las restauraciones ambientales de las minas de Buseiro, Tormaleo (Ibias) y Cerredo (Degaña). Según el convenio original, se aspiraba a revegetar 1.176 hectáreas con un despliegue que generase 142 empleos directos y ocho indirectos.
Recepción sin protocolos no alharacas
Terminados los trabajos, la Consejería de Industria los recepcionó a finales de agosto y la sociedad pública a la que se los adjudicó, Tragsa, retiró buena parte de la maquinaria y casetas. Curiosamente, y pese al dinero público empleado, no ha habido acto de inauguración alguno, ni puesta de largo con autoridades. Quizás sea ello el que la actuación aún tiene cuentas pendientes, tanto entre las propias administraciones como estas con vecinos de las antiguas minas.
Tormaleo
Tormaleo es la actuación de mayor envergadura, con 42,4 millones previstos que han dejado cierto malestar. «Hay que diferenciar entre lo que es la subvención y la restauración. La primera se ha terminado, pero la segunda no», distingue Gemma Álvarez, alcaldesa ibiense. «Al inicio prometían cosas como restaurar caídas de agua y una carretera cuando legal y técnicamente no se podía hacer», explica.
Una vez asumidos los cambios de proyecto para ganar viabilidad, sigue echando en falta cosas. «No son caras, pero sí muy significativas para nosotros y estaban comprometidas. Es el caso del área de autocaravanas, un área recreativa, y el arreglo de la pista de Fondodevilla», enumera. «Intentaron dejar el área de caravanas solo con tierra, y así en cuanto llueva hay que llamar a la grúa. En el área recreativa faltan mesas y bancos».
A su juicio, “si hay voluntad, estos remates en diciembre los tienen resueltos. Hay que hacer el proyecto y ejecutarlos”. También se muestra vigilante con la resiembra ejecutada. «Dijeron que la hacían con dron, con abono, pero ya les avisamos que aquí en agosto no bajamos de 35 grados y en julio los rondamos; pese a ello, lo hicieron tarde y ahora está aquello que parece un desierto, pero han prometido hacer las resiembras que hagan falta». La alcaldesa, del PP, dice estar a la espera de que las administraciones estatal y autonómica organicen un encuentro con el consistorio y los vecinos para aclarar cómo abordar esas mejoras.
Fonododevilla
Mayor es el enfado en Fondodevilla. «Aquí no es que no hicieran nada de lo prometido, es que nos han dejado peor de lo que estábamos», señala Javier Chacón, minero durante 21 años y hoy presidente de la junta vecinal. Han puesto el caso en manos de un abogado y ultiman una reclamación administrativa contra la consejería, previa a iniciar un proceso judicial. «Con los millones que dicen que se han invertido pones el municipio de oro, y en vez de eso, lo han dejado indecente», indica. Según su lista de déficiencias, la carretera provisional del monte vecinal se dejó deteriorada, las obras habrían secado cuatro manantiales y se habrían dejado escombros en zonas virgen y con riego de escorrentía contra esta aldea de una treintena de viviendas.
La documentación hasta ahora publicada sobre los proyectos confirma que éstos han ido siendo modificados durante los trabajos, justificando los cambios en razones técnicas y jurídicas. Desde la Consejería de Industria aseguran que el objetivo de restaurar 1.176 hectáreas entre las tres minas «se ha cumplido», incluso a pesar de que en Cerredo las obras comenzaron con retraso. Eso sí, se admite que ese objetivo, que es el que exigía el ITJ, se alcanza sin haber completado el 100% de los trabajos previstos.
En lo que están ahora la consejería y Tragsa es en hacer las mediciones de lo ejecutado para saldar las liquidaciones finales y cerrar el expediente. Inicialmente tienen hasta finales de noviembre para acordar esa última factura. Las partes evitan concretar a cuánto asciende esa última regularización, de la que dependerá fijar el porcentaje de ayuda de la UE realmente agotado y cuánto corresponde devolver. Tragsa, como medio propio, tiene la obligación de cerrar su balance en positivo, y para avanzar los trabajos tuvo que tirar de recursos propios.
Según la contabilidad del Principado, a 31 de julio, de los 29 millones que tenía presupuestados para pagar unidades de obra en restauraciones mineras, 19 los tenía en fase de obligado contable (reservados para pagar), pero sin liberar los fondos. Habría diez que no habían llegado a ese hito. En la consejería insisten en que para conocer el dinero que finalmente se agota hay que esperar a la certificación final.
