CANGAS DEL NARCEA: Solución de emergencia para el desprendimiento de la calle Clarín

El presidente del gobierno del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró ayer en Cangas del Narcea a los vecinos afectados por el argayo de la calle Clarín que el gobierno se hará cargo del coste de reparación inicial y urgente de la zona, de modo que no tengan que ser desalojados de sus viviendas. El importe de esta actuación será de unos 80.000 euros y servirá, inicialmente, para mantener la zona controlada a la espera del arreglo definitivo, que podría costar 800.000 euros.

 Pese a ello, Fernández quiso dejar claro que al igual que ocurre con la Torre de Valledor, en Allande, “son propiedades privadas. La torre resultó arrasada en el incendio de octubre de 2011, y sobre ella aseguró que “no había absolutamente nada aprobado” para su restauración. “Es falso”, remarcó.

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Por su parte, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, se reunió con los vecinos y les explicó que, después de dos intensas semanas de reuniones, ambas administraciones han acordado el convenio para la realización de esta intervención mínima mientras las reclamaciones jurídicas siguen su cauce.

El Presidente regional también mantuvo una reunión con los afectados  aprovechando su asistencia a un encuentro con los órganos de dirección de las agrupaciones socialistas del Suroccidente. A ella asistieron, entre otros, el lider del PSOE en Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez y el secretario de organización de la FSA, Jesús Gutiérrez.

 La semana pasada se celebra una reunión entre el secretario del Ayuntamiento, alcalde y empresa Ingiotec 2001, en la que Ingiotec presenta la solución temporal para evitar el desalojo y que rondará entre los 60.000 y 80.000 euros.  Según precisa el responsable del PSOE cangués, José Víctor Rodríguez, Esta misma empresa presentaba el viernes pasado en el Registro Municipal un escrito en el que advierte, tras la cuarta medición efectuada, cuál es la situación del talud y le dice directamente al alcalde que ellos llevan avisando de la peligrosidad desde que firmaron en junio el primer informe y que no se hacen responsables de lo que pueda ocurrir por la inactividad del Ayuntamiento.

Tengo muy claro, asegura José Víctor, que esta situación se desatasca ahora, nueve meses después, por la actuación de los vecinos y de su representación jurídica. Porque el competente (artículo 25 de la LBRL y artículo 25.2 de las Normas Subsidiarias de Cangas) es el Ayuntamiento, que en estos meses no ha hecho más que “dilatar todo el proceso de una manera irresponsable. Fijaros cómo era el escenario, que el expediente urbanístico lo tuvo que recopilar (más de 2500 folios) la representación jurídica de los vecinos afectados, y el alcalde ni siquiera dio orden a un trabajador municipal para que hiciera esa labor. Y encima, acusó al PSOE en su momento de “destruir/ocultar” documentación. Y cuando esa documentación apareció 10 días después de esas declaraciones en el despacho de un concejal del equipo de gobierno y que por casualidad encontró un trabajador cuando fue a consultar otro expediente, nada dijo”.

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