CANGAS DEL NARCEA.- Llamazares acusa al Gobierno de Rajoy de aplicar una estrategia dilatoria el cumplimiento de la sentencia de los fondos mineros

El PP responde por escrito que espera respuesta del Principado a la revisión de todos los convenios y que “ignora cuánto tardará”   LlamazaresGaspar Llamazares, diputado de IU de Asturias en el Congreso, acusa al ejecutivo de Mariano Rajoy de llevar a cabo una estrategia dilatoria para evitar cumplir de inmediato la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a pagar al Principado de Asturias los 213 millones de fondos mineros de 2011 anulados arbitrariamente por el Consejo de Ministros. Esta es la conclusión a la que llega el diputado tras la respuesta del Gobierno del PP a sus preguntas por escrito en las que el ejecutivo central explica que “para dar cumplimiento a la citada sentencia el Gobierno va a revisar todos los convenios afectados por el fallo para comprobar, con las autoridades del Principado, el estado de cada convenio, si están iniciados, si están finalizados y justificados, si se pagaron parte de los importes, cuánto quedaría por pagar, etc…”  y añade una siguiente parte, la más preocupante, a juicio del diputado. El Gobierno sostiene que “ya se ha enviado un escrito al Principado de Asturias, solicitándole la información correspondiente para contrastarla con la que dispone el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativa de las Comarcas Mineras. Se ignora el tiempo que tardará el Principado en remitir la información solicitada por lo que no se puede contestar con exactitud a la cuestión planteada en la pregunta”. Llamazares preguntaba exactamente cuándo se iban a desbloquear los fondos comprometidos y a realizar los pagos correspondientes. A juicio del diputado asturiano, Rajoy intenta una nueva estrategia dilatoria después de perder el juicio, recurrir la sentencia a la Audiencia Nacional y “llevar dos meses sin hacer nada cuando los acuerdos tienen que ver con convenios muy importantes para las comarcas mineras”. Llamazares advierte, además, que junto a los 213 millones de euros, el Gobierno deberá reintegrar los otros 100 millones pendientes de dos juicios, que la administración central dejó de aportar por “un cierre arbitrario del Plan de la Minería”.

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