SUROCCIDENTE.- El galimatías de las responsabilidades en la salida de Cerredo a Páramo del Sil por Valdeprado

Vecinos y alcaldes en la carretera

“Nos sentimos abandonados, estamos hartos de que no se ocupen de esto”. Así se expresaban vecinos de la zona reunidos el pasado sábado en Valdeprado, una pequeña localidad leonesa, de unos quince habitantes, que pertenece al municipio de Palacios del Sil. La vía que acaba en ese pueblo, de unos trece kilómetros, ha desatado un conflicto político entre el Principado y la Junta de Castilla y León, donde gobiernan partidos diferentes: el socialista Adrián Barbón a un lado del límite y el popular Alfonso Fernández Mañueco en coalición con Vox, al otro.

La parte asturiana de la carretera que arranca en Cerredo, en el consejo de Degaña, está mucho mejor cuidada que la de la parte leonesa, que tiene numerosos baches y carece de medios para limpiar la nieve, lo que provoca el corte de la vía aún cuando esté limpia por e lado asturiano para perjuicio de usuarios y viajeros de las dos comunidades, como se evidencia cuando hay temporal como está ocurriendo en estos días.

La situación es esta:

La gestión de la parte asturiana, algo más de tres kilómetros de vía, recae directamente en el Gobierno regional, que este año tiene previsto invertir 1,8 millones de euros en el mantenimiento. En cambio, el tramo leonés depende de las juntas vecinales, en este caso, la de Anllares del Sil, que pertenece a Páramo, y la de Susañe, en Palacios del Sil, que son unas entidades menores que se eligen en las elecciones, pero que, denuncian sus presidentes, no tienen medios para poder hacerse cargo del mantenimiento de las carreteras. Los vecinos piden que una administración superior, en este caso la junta de Castilla y León, asuma el coste de mantener la vía. Según el PP asturiano y el leonés esta responsabilidad corresponde a la Diputación leonesa, que depende del PSOE, y por ello entiende la postura de la Junta de no intervenir.

Los vecinos acusan a la Junta: el PP a la Diputación, y CyL al gobierno central

El Principado, por boca del presidente, Adrián Barbón, acusa directamente al Gobierno vecino de no colaborar en ese mantenimiento. Incluso Alejandro Calvo, consejero de Fomento, alertó en una comisión parlamentaria de la “poca colaboración” encontrada. La Junta de Castilla y León recalca en todo caso que esa vía no es de su gestión, pero tras la crítica directa por parte de Asturias pidió una reunión con el Gobierno regional y con el central, al que responsabiliza de un abandono continuo en esa zona.

Asturias acusa a CyL y éstos al gobierno central por el abandono de la zona

A falta de que se concrete la eterna petición de la autovía del Suroccidente, un clamor para los asturianos, los vecinos de la zona, de uno y otro lado, insisten en que es esencial tener cuidada esa carretera, en la que además, según los usuarios, existe un limbo legal, ya que la parte leonesa es considerada un paso forestal y en la asturiana una vía comarcal.

Del mal estado de esta vía da fe, entre otros, Alicia García, alcaldesa de Páramo del Sil (PSOE), que prefiere incluso no subir la carretera con su vehículo, por si luego se queda atrapada y no puede regresar al pueblo. Explica que “este verano, los dos Ayuntamientos afectados (Páramo y Palacios del Sil) tuvimos que hacer una inversión de 9.000 euros solo para bachear y yo solo dispongo de un tractor para limpiar la nieve que se acumula”, recalca.

¿Quién se haría responsable en el caso de que haya un accidente?”, se preguntan los vecinos.

Hasta hace una década, Hullas de Coto Cortés se ocupaba del mantenimiento de la carretera, al trasladar el carbón en camiones desde la mina en Asturias hasta la central térmica de Anllares, que ya no tiene actividad. Con el fin de la actividad minera acabó también la gestión empresarial en este paso, perfectamente ancho, en el que caben bien dos vehículos en cada carril.

Los vecinos están hartos. Tanto es así que no dudan en señalar que  “para solucionar esto hay que llegar a las malas y cortar la carretera en el límite de Asturias con León, para que no la use nadie. Ese es el único arreglo, porque mientras que esto este así es un desastre

El problema en esta carretera se da especialmente en invierno, por el peligro que se crea por la nieve, mientras que en verano el asfalto aguanta, pero con un sinfín de baches que puede incluso provocar accidentes. “Barbón tiene razón”, insiste por su parte la alcaldesa de Páramo del Sil. “La junta de Castilla y León no quiere arreglar esto, ni siquiera han venido”, explica. “La reivindicación de la autovía del suroccidente está muy bien y es necesario, pero lo primero es que alguien se haga cargo de este mantenimiento”, finaliza.

Alicia García, alcaldesa de Páramo del Sil, junto a Borja Martínez, presidente de la junta vecinal de Anllares

Borja Martínez, presidente de la junta vecinal de Anllares, que tiene la mayoría de la propiedad de esta carretera, aunque en realidad los propios vecinos no se ponen de acuerdo de qué institución tiene cada porcentaje, por la “compleja” administración de Castilla y León, con ayuntamientos, juntas vecinales, consejo comarcal, diputación… “La carretera se la hubiésemos cedido al primero que venga desde que cerró la mina, esto hay que solucionarlo como sea. Estamos abandonados y solo queremos que se hagan responsables”, indica. “La pista es muy transitada, por aquí un domingo pasan más coches que en otras carreteras de la zona”, recalca.

Julio Rubial, presidente de la asociación vecinal “El Sil sí”, nacido en Toreno (León), pero vecino de Oviedo, verbaliza la posición asturiana en este asunto. “Hace más de quince años que prometieron llevar la autovía desde Toreno a la Espina y seguimos esperando. Ni siquiera tenemos una vía rápida y no mantienen lo que hay, es un abandono continuo”, se queja. Y pone un ejemplo: “Mantener esta vía no requiere una gran inversión, y no estamos hablando de una gran obra como la Variante”, indica. Rubial pone el foco en el “laberinto” que supone la estructura política de Castilla y León, lo que puede provocar, como pasa en este caso, que las administraciones se “echen el muerto unas a otras”, aunque es claro con el reparto de culpas: “La principal responsable es la junta de Castilla y León”.

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R. Mera