SUROCCIDENTE.- El gobierno asegura que ha tomado ya medidas para «corregir» aquello que no funcionó en el accidente minero de Cerredo

Borja Sánchez

El PP pide responsabilidades políticas y denuncia que los exconsejeros de Industria, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, siguen en sus cargos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha considerado que el Gobierno regional ha tomado ya medidas para «corregir» aquello que no funcionó en el accidente minero de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores atendiendo a las recomendaciones realizadas tanto por la Inspección General de Servicios como por la Junta General del Principado.

Durante su respuesta a una pregunta ante el pleno del parlamento asturiano del diputado del PP Rafael Alonso sobre si cree que ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas, Sánchez ha reiterado el criterio del Ejecutivo de que «todo apunta» a que en ese siniestro el culpable es la empresa «que sacaba carbón de forma clandestina».

El consejero ha instado además al PP a explicar en cuál de las 317 páginas del informe de la Inspección General de Servicios se afirma que el siniestro fue responsabilidad del Gobierno y ha subrayado quesu compromiso y su responsabilidad política en la adopción de medidas ya puestas en marcha tanto en el marco normativo, como de investigación y organización interna y de mejora de coordinación entre administraciones.

Por el contrario, el diputado popular ha recordado que cuatro meses después de que se aprobase el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación con el único voto en contra del PSOE que exigía responsabilidades políticas a dos exconsejeros de Industria, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, ambos siguen en su cargo al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón y de la empresa pública Hunosa.

Alonso ha recordado que esa exigencia fue reiterada por el pleno de la Junta General durante el reciente debate sobre el estado de la región sin que el presidente del Principado, Adrián Barbón, haya tomado medidas para apartarlos de sus cargos y se ha preguntado «cuántas veces» se tendrá que pronunciar la Cámara autonómica «para que atienda sus recomendaciones».

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R. Mera